Procuradora Gloria Galán Álvaro: Representación procesal

Es una figura imprescindible en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Se trata de una rama del derecho que, por un lado, se encarga de la representación procesal de sus clientes en procedimientos judiciales y, por otro, es el intermediario entre la Administración y el justiciable. Está cualificada para gestionar la documentación y comunicaciones, asegurando que los intereses de sus clientes estén protegidos y que se cumplan los protocolos legales. Este rol es esencial en el sistema judicial, ayudando a que el proceso legal sea eficiente y riguroso.

• Jurisdicción civil

Como regla general, en los asuntos civiles, la intervención del procurador es  obligatoria(23.1 LEC). Sin embargo, no será preceptiva en los siguientes supuestos:

– En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros (si el procedimiento es iniciado por razón de la materia la intervención del procurador es obligatoria independientemente de la cuantía).

– En la petición inicial de los procedimientos monitorios.

– En los juicios universales en los que se limite a la presentación de títulos de crédito o derechos, así como para concurrir a Juntas.

– En los incidentes en el ámbito de la impugnación de resoluciones en materia de Asistencia Jurídica Gratuita.

– En la solicitud de medidas urgentes con  anterioridad a la celebración del juicio.

• Jurisdicción penal

La intervención del procurador será obligatoria a partir del inicio de la fase de apertura del juicio oral (art. 784.1 LECrim).

• Jurisdicción social

En esta jurisdicción, la intervención de la figura del procurador es, en todo caso, facultativa (art. 18 LRJS).

• Jurisdicción contencioso-administrativa

Si las actuaciones se llevan a cabo ante órganos colegiados la representación debe conferirse a un procurador.

Sin embargo, es recomendable en la totalidad de los procedimientos, ya que ahorra desplazamientos y tiempo, agiliza la tramitación del proceso y cuenta con los conocimientos necesarios para tratar con los tribunales.

El abogado se encarga de la defensa jurídica del cliente, redactando los escritos, preparando el caso, proponiendo pruebas y actuando en juicio.

El procurador representa procesalmente al cliente ante el juzgado y se ocupa de la gestión formal del procedimiento: presenta los escritos, recibe las notificaciones, controla los plazos y se asegura de que el proceso avance correctamente.

Ambos profesionales trabajan de forma coordinada, con funciones distintas pero complementarias, para garantizar una defensa eficaz y un procedimiento bien tramitado.

Sí. Cualquier ciudadano, empresa o profesional puede designar directamente a un procurador. No es necesario que lo haga exclusivamente a través de un letrado, aunque en la práctica ambos profesionales suelen coordinarse estrechamente.

Cuando se inicia un procedimiento judicial en el que la ley exige la intervención de procurador el cliente puede:

1. Designar procurador y abogado a la vez.
2. Aportar un poder apud acta en sede judicial o electrónica, en el que autorice la actuación de su procurador.
3. Utilizar un poder notarial, si así lo prefiere, en el que se otorgue facultad de representación procesal.

Aunque es habitual que el abogado recomiende o proponga un procurador de confianza, el cliente tiene siempre derecho a elegirlo libremente.

La contratación directa permite además que el procurador mantenga una comunicación fluida con el cliente, le informe de la marcha procesal y garantice que todos los trámites se cumplen correctamente.

Desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los procuradores pueden actuar en todo el territorio nacional, sin necesidad de estar habilitados en cada partido judicial. Basta con estar colegiado en cualquier Colegio de Procuradores de España.

Aun así, muchos ejercen habitualmente en zonas concretas por cercanía y eficacia en la gestión.

Sí, siempre que no exista conflicto de intereses entre ellas y todas hayan otorgado poder de representación.

Es común en casos con partes que comparten abogado y defienden una misma posición. Si surgiera un conflicto entre ellas, el procurador deberá cesar en la representación de una de las partes.